Autor: Compliance Perú

Ante los desastres naturales que vienen afectando al Perú, el Gobierno ha declarado Estado de Emergencia en diversos departamentos, provincias y distritos del país desde fines de enero del presente año. Esta situación impide a los sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos (LA) y del financiamiento del terrorismo (FT), domiciliados en dichas zonas, cumplir con normalidad las obligaciones previstas en la Ley N° 27693 y demás normas aplicables.  

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El Departamento de Estado de los EE.UU. hizo público su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros del 2016.
El Gobierno de Estados Unidos incluyó al Perú y a varios países latinoamericanos, en su lista de principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo, según un informe difundido por el Departamento de Estado.

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelará los fondos o activos de personas naturales o jurídicas que figuren en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conforme a sus resoluciones sobre terrorismo y financiamiento terrorista.

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La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP (SBS), aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas.

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Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al financiamiento del terrorismo, identificadas en el marco de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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Según la publicación sobre el índice de riesgo país de lavado de activos y financiación del terrorismo que realizó el Instituto de Gobernanza de Basilea, a través de su página de web, América Latina tiene un riesgo alto – medio de LA/FT. Perú tiene un riesgo medio, mientras que cinco países de la región tienen riesgo alto.

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Autoridades estadounidenses anunciaron la inculpación de la Compañía Financiera LIBERTY basada en Costa Rica, que opera un muy popular sistema cambiario online fuera del control de los gobiernos nacionales, por el lavado de dinero de 6.000 millones de dólares a través de transacciones ilegales entre 2006 y 2013. Es el caso de este tipo «más grande de la Historia” señaló la fiscalía.

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